Más leña al mono.

Madrid, sede del Ministerio del Interior, 14 de enero a las 12,30 horas, un despacho de la secretaría de estado de seguridad, hace frío fuera, pero no llueve. Cuatro representantes, de otras tantas empresas de seguridad, algunas de las mas grandes del país esperan. Han sido citados para una reunión sin previo aviso. Todos se conocen del mundillo, y elucubran sobre el motivo de la llamada, pero nadie se atreve a dar su verdadera opción, cada cual piensa en que lo que si es seguro es que la llamad puede ser para darles determinados servicios de vigilancia por lo que podrán generar nuevos beneficios para sus empresas.

Casi veinte minutos más tarde sobre el horario previsto por la cita telefónica, se abre la puerta que esperaban y son invitados a pasar.

La persona que los espera parece que nos los conoce a todos, es novata en el puesto, pero desde luego sabe bien lo que espera de los presentes.

Sin muchos preámbulos y una vez acomodados los visitantes se dirige a ellos de forma explícita:“Quiero que vayan ustedes haciendo sus cálculos para contemplar la posibilidad de poner en sus manos el servicio carcelario, pretendemos deshacernos del grupo mayoritario de centros penitenciarios del sistema que no sean de máxima seguridad”.

El revuelo es máximo, cada uno de los presentes esperaba buenas noticias a tenor de lo que se filtraba desde el ministerio sobre necesidades de seguridad en mayor medida, ya que se esperan movilizaciones sociales, pero esta noticia les pilla de sorpresa.

Y hasta aquí puedo contar.

¿Que esto no les parece creíble?

Permitanme que les diga que desde el artículo 25 de la constitución y siguientes, incluyendo la ley penitenciaria, donde se establecen las condiciones del sistema penitenciario español, en ninguno de sus apartados aparece explícitamente que los centros deban ser atendidos por personal del estado. La propuesta que baraja el ministerio por otra parte, lo que hace es colocar supervisores y controles para controlar la ejecución material de los contratos de cesión de instalaciones. Pero con cierta holgura, para que quienes se queden con la concesión puedan ganar dinero en esta nueva vuelta de tuerca.

Se trata de pagar por preso una cifra que aún esta por definir, pero dejar libertad para que los concesionarios puedan obtener algunos beneficios de la instalación. Como podrían ser los que se obtengan por los trabajos de reinserción que realicen los reclusos, o sea que podríamos tener mano de obra barata en esos centros para servir a aquellas empresas que quieran reinsertar mediante el trabajo remunerado a precio de coste al prisionero. Cuestión que por otra parte ya han estudiado socialmente los actuales gobernantes y saben que no encontrarían grandes reticencias en la mayoría de los españoles, que entienden la reclusión como una especie de vacaciones pagadas a costa del contribuyente. Vamos que muchos siguen diciendo en las tertulias que "deberían estar picando piedra", sin haberse elido la constitución que prohíbe expresamente los trabajos forzados.

Yo no voy a entrar a valorar el rumor, tan solo les dejo este detalle de una vieja película. 
Verán las similitudes sobre nuestra actual situación, vean como se aplaude la intervención del poder político por la empresa, que es la que "gestiona" bien, vean a esos ciudadanos alborozados por la caída de los políticos, pero que no saben que les están cavando la tumba al otro lado del tabique.

Quizás estamos dando los primeros y tímidos pasos hasta llegar a lo que se ve en ella. Es una serie B o casi, pero da miedo pensar en esto. Si las cárceles están en manos de privados, y estos ganan dinero teniendo presos dentro, lo que se trata es de fomentar la delincuencia, ¿No?, es una ecuación simple de pingües beneficios.

Eso sí, se liberarían multitud de efectivos de la fuerzas de seguridad, disponibles para poder apalear a los ciudadanos en las posibles manifestaciones que se esperan en los próximos años, se crearían algunos cientos de puestos de trabajo, y se pndría a 25.000 funcionarios en un brete ante la posibilidad de: o integrarse en las plantillas de las nuevas empresas o traslados forzosos a toda la geografía española.